Aeromar dejó de volar este 15 de febrero después de 35 años. Es oficialmente la segunda aerolínea mexicana que lo hace en poco más de dos años, luego de que Interjet parara en diciembre de 2020. La empresa anunció que el “cese definitivo” de sus operaciones responde “a una serie de problemas financieros”, así como “a la dificultad de cerrar acuerdos con condiciones viables que permitieran asegurar sus operaciones a largo plazo”.
El cierre inminente de la compañía deja en vilo a más de 600 personas —entre ellos 80 pilotos—que trabajaban en sus rutas. De acuerdo con fuentes del sector, el acumulado de adeudos de la aerolínea con el fisco mexicano, por prestaciones laborales, proveedores, combustibles y servicios, suman más de 4.000 millones de pesos.
“A partir de del 15 de febrero de 2023, Aeromar dejará de volar desde y hacia la Ciudad de México, Acapulco, Aguascalientes, Cancún, Chetumal, Ciudad Victoria, Colima, Cozumel, Guadalajara, Ixtapa, Zihuatanejo, Ixtepec, Mazatlán, Mérida, Monterrey, Piedras Negras, Puerto Escondido, Puebla, Puerto Vallarta, Tepic y Villahermosa, en México. La Habana, en Cuba, Laredo y McAllen en Texas, Estados Unidos”, refiere el comunicado. La empresa ha mencionado que una vez que se cuente con información sobre las alternativas que pueden ofrecer a los viajeros que aún tengan boletos con Aeromar se les dará a conocer.
Rescate oficial, pide ASPA
El secretario general de la ASPA, José Humberto Gual Ángeles, llamó al presidente Andrés Manuel López Obrador a que intervenga en la restructuración de Aeromar, para que ésta se convierta en una aerolínea del gobierno federal “y se la lleve a Santa Lucía” (como también se conoce al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles). El dirigente sindical detalló que hasta el martes laboraban 87 pilotos en la compañía.
Ante la inminente colocación de banderas rojinegras en los mostradores de la aerolínea en la terminal 2 del AICM, el gobierno federal anunció que los trabajadores de Aeromar tendrán garantizada la continuidad en la prestación de servicios de atención médica y hospitalaria por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social y se suspenderán los cobros de créditos hipotecarios y procedimientos extrajudiciales que se encuentran a cargo del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Con información de La Jornada y EL PAÍS