En un hecho sin precedentes y adelantándose a los tiempos de la discusión legislativa, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, presentó el proyecto de presupuesto 2024 para el Poder Judicial de la Federación, con una exigencia de aumento del 4 por ciento real. De lo contrario, amenazó con la transmisión de poder en México no será pacífica ni habrá estabilidad democrática. Ello, a días de que se anunciara que la bancada de Morena en la Cámara de Diputados les recorte el presupuesto dedicado a dispendio y lujos.
En su discurso, Piña indicó que “las funciones que habrá de desempeñar el Poder Judicial Federal el próximo año son de particular relevancia para la vida democrática y la justicia social en nuestro país. En primer término, el proceso electoral 2023-2024 implicará la renovación de más de 20 mil puestos de elección popular. Ello exige una asignación presupuestal suficiente para cubrir el potencial incremento de asuntos que habrá de resolver el Tribunal Electoral. Solo así, se puede garantizar que la transmisión de poder en México se dé pacíficamente y con estabilidad democrática”.
Al respecto, el diputado Ignacio Mier criticó minutos más tarde que se trató de un discurso mafioso y “una afrenta al pueblo de México: advertir que, si no aprobamos el presupuesto al Poder Judicial para 2024 no se podrá garantizar una transmisión de poder pacífica y con estabilidad democrática, pone en entredicho la aplicación pronta, expedita y gratuita de la justicia en México”.
El legislador por Morena advirtió que no son los tiempos. El periodo legislativo no ha iniciado y mucho menos hemos recibido el paquete presupuestal para el próximo año”. Y adelantó que se citará a la ministra presidenta a comparecer ante la cámara de Diputados para que explique los sobresalarios, comidas, viajes y la vida de dispendio a la que suelen incurrir cotidianamente, a costa del pueblo de México, los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
No obstante, según Norma Piña la multimillonaria cantidad que exige como presupuesto, es porque “México demanda un Poder Judicial fuerte, independiente y autónomo. Un Poder Judicial responsable y profesional que pueda garantizar el ejercicio de nuestros derechos, la igualdad ante la ley, la estabilidad de nuestras decisiones, el cumplimiento de los compromisos internacionales de nuestro país y la legalidad del actuar público. Este Poder Judicial, en términos de nuestra Constitución, confía en el respeto de dos principios fundamentales por parte de todas las autoridades del país: la división de poderes y la independencia judicial”.
Agregó que “la asignación presupuestal al Poder Judicial Federal en nuestro diseño constitucional responde a un indispensable ejercicio de contrapesos entre los poderes; ejercicio que, si bien debe atender al principio de estabilidad financiera, lo cierto es que encuentra límites muy claros en la propia norma suprema. El debilitamiento de las atribuciones esenciales de uno de los tres poderes del Estado ante una insuficiencia presupuestal, no implica una política de austeridad, sino nos lleva al rompimiento del estado de derecho”.
No obstante, el pasado 14 de agosto, el diputado Ignacio Mier anunció que la bancada morenista podría recortar hasta 25 mil millones de pesos al PJF. “Se haría una revisión minuciosa al gasto que ejerce el Poder Judicial, ya que, de manera inicial, se han detectado gastos innecesarios que van de los 15 mil y hasta los 25 mil millones de pesos”.
Como gastos superfluos, señaló que existe una partida de 3 mil millones de pesos para pagar con dinero del pueblo de México las reparaciones de domicilios particulares de ministros, magistrados y jueces. “Esto no tiene que ver con el gasto de los recursos destinados al desarrollo del objetivo que tiene el Poder Judicial, que es realmente garantizar la administración de justicia en México de un millón 200 mil asuntos que ellos revisan, lo que destinan para todo lo que tiene que ver con los juzgados, con los trámites, las secretarías, en fin, todo lo que tiene que ver con la Judicatura Federal, la operación y la garantía del cumplimiento del propósito constitucional de garantizar justicia pronta y expedita”. Asimismo, señaló que los ministros cuentan con escoltas, automóviles blindados, pago de teléfonos, viajes para sus familias, entre otras prebendas.
Para minimizar el impacto en la opinión pública de ese dispendio y lujos injustificables, Norma Piña aseguró que la asignación presupuestal requerida para la impartición de justicia federal en 2024 representa, en promedio, 1.8 pesos diarios por mexicano. Sin aclara esos gastos injustificables.
Y agregó: “lamentablemente, la consecuencia directa de asfixiar a través de un recorte presupuestal al Poder Judicial Federal es colocar, inmediatamente, a los más vulnerables en una condición de aún mayor desventaja para acceder a sus derechos. Desde el Poder Judicial Federal asumimos la gran responsabilidad que tenemos de cara a la sociedad en cada sentencia, de cada acto que repercute en la vida de las personas. Sin embargo, nuestra actuación –como cualquier función pública– está directamente condicionada por la suficiencia presupuestal.
“El acceso real y efectivo de los mexicanos a la justicia no debe ser negociable. Esto no lo digo yo, se desprende de los controles y de los límites que establece nuestra Norma Fundamental para que este derecho no se reduzca a una simple declaración de buenas intenciones. Desde el Poder Judicial Federal reiteramos nuestro compromiso con México, no sólo de someter todas nuestras actuaciones al marco legal y constitucional que nos rige, sino también de hacer valer la fuerza vinculante de nuestra Constitución para así, no dar ni un paso atrás en la tutela de la dignidad de las personas.”
Las “justificaciones” de Piña para pedir más dinero
Para justificar la multimillonaria solicitud presupuestal, Norma Piña también dijo que en 2024 “de la operación del Tribunal Pleno y las dos Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dependerá que se continúe construyendo la doctrina constitucional indispensable para prevenir y reparar violaciones a los derechos fundamentales de las mexicanas y los mexicanos. Este alto tribunal tiene, además, la encomienda constitucional de velar porque cualquier actuación de las autoridades nacionales se apegue a la máxima norma jurídica en México, nuestra Constitución, en la que está representada, entre otras cosas, la soberanía popular, el federalismo y la división de poderes”.
Agregó que el próximo año el Poder Judicial Federal atenderá “el incremento continuo en la demanda de justicia federal que se registra en los últimos cinco años. Si la tendencia en 2023 se mantiene, entonces el próximo año la Judicatura federal habrá de resolver 1.3 millones de casos nuevos. Para el próximo año, también se requerirá la creación de 45 órganos jurisdiccionales más”.
Aseguró que parcialmente ello se explica por la instrumentación del nuevo modelo de justicia laboral, que deriva de las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión en el marco de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado mexicano en el T-MEC. “La nueva justicia laboral tiene como propósito fundamental otorgar mayor seguridad jurídica a los trabajadores, sindicatos y patrones, contribuyendo de forma determinante a la certidumbre de nuestros socios comerciales y a la consolidación de la política económica del país”.
Aunado a lo anterior, aseguró que en 2024 “el Consejo de la Judicatura Federal habrá de garantizar la implementación gradual del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, aprobado a mediados de este año por el Poder Legislativo. La impartición de justicia civil y familiar de conformidad con los estándares legales y constitucionales recientemente establecidos es uno de los mayores retos que enfrenta, no sólo la justicia federal, sino también la justicia local. Este nuevo modelo tiene por objetivo modificar uno de los ámbitos de la justicia más cercano a las personas, incorporando elementos como la oralidad y los medios alternativos de solución de conflictos”.
Añadió que “los recursos solicitados por el Consejo de la Judicatura Federal también habrán de destinarse al Instituto de la Defensoría Pública que representa jurídicamente y, sobre todo de manera gratuita, a los mexicanos, la mayoría de ellos en condiciones de vulnerabilidad. La demanda ciudadana de defensores y asesores registra un crecimiento de 20 por ciento anual que habrá de atenderse a través del fortalecimiento de las atribuciones del Instituto”.
Piña indicó que “se dispondrán recursos para el reforzamiento de las medidas de seguridad para las personas que integramos el Poder Judicial Federal. Impartir justicia nunca puede traducirse en una afectación a nuestra integridad personal, ni a la de quienes nos rodean. La independencia judicial exige establecer las medidas y las salvaguardas necesarias para que no existan restricciones, influencias indebidas, presiones, amenazas o interferencias de ningún tipo en la actividad jurisdiccional”.+
Con información de Contralinea